“La prisión preventiva siempre debe ser excepcional y no como la medida estándar de aseguramiento. Cabe en los delitos de acción pública con pena mayor a un año. Pero, además tiene que comprobarse que su uso sea para garantizar que el procesado comparezca y que haya suficiente evidencia de la participación en el hecho. No se toman en cuenta cuestiones de ‘peligrosidad’ o la gravedad del delito”, explica Kuri.

Todas las causales se explican en el artículo 534 del COIP.

Sin embargo, el experto también comenta que “en la práctica no hay unanimidad en criterios estáticos de aplicación, lo cual es bueno porque permite evaluar los estándares. Lo malo es ver cómo en algunos casos existe un abuso de la medida y en otros una blandeza para aplicar. Entonces, ocurren los dos impuestos: casos donde no se debería dictar y se dicta, y casos donde se debería dictar y no se lo hace”.

Además del arresto domiciliario hay otras medidas cautelares como presentación periódica de la persona ante la autoridad, prohibición de salida del país, restricción para ir a ciertos lugares, para garantizar que una persona no evada un proceso (artículo 522).

Al final hay que considerar que la prisión preventiva es improcedente cuando: “Se trate de delitos de ejercicio privado de la acción”, “Se trate de contravenciones” o “Se trate de delitos sancionados con penas privativas de libertad que no excedan de un año”.

Además de que no puede durar más de seis meses cuando el delito por el que se procesa a alguien tiene una pena de hasta cinco años, y no durar más de un año si la pena es mayor a cinco años.

Cuando se levanta una medida como la prisión preventiva -algo que puede hacer el juez durante cualquier parte del proceso siempre que cumpla con lo dispuesto en el artículo 535 del COIP- ya no se la puede volver a aplicar a un individuo por el mismo caso.

También cabe recordar que según el artículo 59 del COIP se considera que si una persona es condenada, el tiempo que se pasó en prisión preventiva o arresto domiciliario será contado como parte del tiempo que debe cumplir porque la duración de la pena empieza a computarse “desde el momento de la aprehensión”.