Holguín y Aguiñaga presentaron siete acusaciones en contra de Isch, que tiene relación con incumplimiento de funciones en casos específicos en las empresas Flopec EP y la fábrica Explocem C.A.; una supuesta abrogación de funciones al interpretar la Ley de Apoyo Humanitario; negarse a la entrega de información; omitir el registro de prohibición de ejercer cargo público de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, censurada y destituida; y, no cumplir con la disposición constitucional de fijar un nuevo Salario Básico Unificado para el 2021.

Este será el primer juicio político con el que se aplica la nueva normativa a la Función Legislativa, vigente desde noviembre de 2020, donde se amplía a 15 días el plazo para la presentación de pruebas, y además el informe de la Comisión de Fiscalización independientemente del resultado pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional para su resolución.
Según el cronograma aprobado, a partir de 26 de febrero se abrirá la etapa de comparecencias de los trabajadores afectados por las decisiones del acusado; también se incluye la presencia de dirigentes sindicales. La Comisión también espera convocar al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión; y, a expertos laborales.

La comparecencia del Ministro de Trabajo se tiene programado para el 19 de marzo, y desde ahí empieza a correr el plazo de cinco días para que la Comisión presente el informe sobre el proceso; aunque la normativa también permite una extensión de plazo de cinco días adicionales. Contados todos los plazos máximos establecidos en el cronograma, incluidos los cinco días adicionales, el proceso de juicio contra el funcionario terminaría el 29 de marzo, con la presentación del informe. Fuente: El Universo.